La temeridad de los gobiernos por unas ganancias libres impulsadas por los usuarios es mayor, en ocasiones sustentadas por evitar el lavado de dinero y una neo-mala distribución de las riquezas, aunque muchas veces es por el control social. De allí que el regular las criptomonedas en España siendo extranjero como nacional, no debería parecernos extraño, siendo este país seguidor de las tendencias de los países que necesitan adquirir fondos, disfrazando la manera de recaudarlos como deberes anti anarquía.
Lo que ocurre
Desde julio de 2021 existe en el país la Ley contra el Fraude, regulación que establece un conjunto de obligaciones para quienes poseen criptoactivos, sea en wallet física, wallet instaladas en los navegadores u holdeadas en algún Exchange.
Con ella han normado y creado obligatoriedad tanto a quienes poseen la nacionalidad española como a los extranjeros a brindar informes obligatorios sobre los saldos y los titulares de las monedas en custodia, refiriéndose a las criptomonedas como monedas virtuales, nombre que les otorga la ley (al menos para el país).
Desde ese entonces, quienes poseen bitcoin y altcoin han tenido que informar –al menos- de los pagos hechos con sus wallet, una medida algo anacrónica para la cantidad de alternativas que pueden utilizarse para pagos y cambios con estas monedas de la gente; claro, el gobierno sabe que el regular las criptomonedas en España siendo extranjero o nacional es factible debido a que se debe dar factura incluso en las transacciones electrónicas.
Pero hay quienes pueden mantener la libertad financiera sin que pueda considerarse fraude al fisco o al país; es claro que estamos ante leyes regulatorias que además de buscar ingresos, anhelan mantener a las personas en su estrato social, una manera crápula de los gobiernos (algunos), que los amantes de las criptomonedas saben que la blockchain y todo lo relativo a ella, llegaron para combatir.
Regular las criptomonedas en España siendo extranjero
Los extranjeros no escapan de esta Ley contra el Fraude, la cual considera que podrían ser ellos canales para escapes o paraísos fiscales que ayuden al resguardo de las fortunas en criptomonedas que los ciudadanos españoles, residentes o nacionalizados puedan forjar en el país (considerando así que son ganancias mal habidas, una presunción maliciosa y ultrajante).
Estos son los puntos álgidos que regula para los extranjeros dentro y fuera del país
- Obligación de suministrar a la Administración Tributaria, encargada de regular las criptomonedas en España siendo extranjero, la información sobre el total de las monedas virtuales que mantengan custodiadas.
- Se han de informar los saldos en cada altcoin y/o bitcoin con comparaciones al cambio con la moneda real.
- Brindar identificación de los titulares y/o beneficiarios de dichos saldos o del manejo de los mismos (terceros).
- Esto obliga a las empresas dedicadas al mundo de las criptoinversiones a dar información sobre sus clientes, en contra del anonimato que en el criptomundo ha de haber.
- Se debe comunicar a la AT las operaciones de transmisión, adquisición, permuta y transferencia de las monedas virtuales, lo que conduce a informar sobre cobros y pagos.
- Recalcamos este detalle sobre el regular las criptomonedas en España siendo extranjero: Es de obligatoriedad indicar el número de identificación fiscal y domicilio de la persona que haga cualquier operación con criptomonedas, además del precio de cotización, fecha y hora de la operación.
Las exchanges han llegado a cumplir a medias algunas de estas regulaciones, ante la presencia de operaciones alterativas entre usuarios. La ley, para algunos juristas, va en contra de las leyes respectivas al derecho a la confidencialidad y buscan tomar niveles impositivos anárquicos antes todas las operaciones.
Han pasado los meses y los ciudadanos continúan claros que el regular las criptomonedas en España siendo extranjero o nacional, no es más que el temor latente a un manejo responsable, equitativo e integrador de la población de las finanzas que le den la solvencia digna que les libere del control social, sin que esto sea alejarse de las responsabilidades fiscales que no son del todo correctas y aplicadas como sesgo y no en pro de la cultura impositiva ciudadana.